Juristas y diputados del PRM depositan expediente en la Fiscalia

Santo Domingo Varios abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la diputada Faride Raful apoderaron a la fiscal del distrito del distrito nacional Yeni Berenice Reynoso, de un conjunto de “nuevas pruebas” relacionadas con la denuncia presentada en contra del publicista Joao Santana, su esposa Mónica Moura y su hijo, Ayle Axe Santana.

Los documentos fueron depositados en la Secretaría de la Fiscalía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de los diputados Faride Raful, Francisco Javier Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, y de los abogados Sigmund Freud, Antoliano Peralta y Jesús Félix Jiménez.

De acuerdo con los abogados, los documentos depositados al Ministerio Público son facturas por pago de publicidad y otros tipos de pruebas para que se inicie una investigación y se determine los funcionarios que pudieran estar involucrados en este caso.

Anunciaron ademas que depositaron copias en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), para que se sume a las investigaciones en torno a su posible vinculación con funcionarios del Gobierno del presidente Danilo Medina.

Dichas presentación de pruebas se produce luego de que la Cámara de Diputados rechazara designar una comisión para que investigue el alegado pago de mas de RD$1,400 millones de parte del Gobierno para la campaña electoral del presidente Danilo Medina en el 2012.

Raful comento que tan pronto la fiscal Reynoso de curso a la denuncia, procederán a presentar una querella formal contra Santana y Moura, quienes están presos acusados de corrupción en Brasil, de donde son oriundos.

Explicó que la denuncia en contra de Santana y su esposa fue presentada en el 2016 en la Fiscalía del Distrito Nacional, pero que la están reintroduciendo de nuevo, al tiempo de aclarar que la misma no incluye al presidente  Medina.

Manifestó que la denuncia busca que se verifique la legalidad de los contratos hechos con el Ministerio Administrativo de la Presidencia y que se evidencie si hubo una violación legal al principio de transparencia.